En Estados Unidos los republicanos luchan por recortar el presupuesto federal; en Grecia, una posible restructuración de la deuda refuerza la austeridad. Los gobiernos, ante la presión de los especuladores, optan por hacer pagar el costo a la sociedad. En cambio, los islandeses proponen enviarle la factura de la crisis a quienes la provocaron.
Isla pequeña, grandes preguntas. ¿Deben los ciudadanos pagar por la locura de los banqueros? ¿Existe todavía alguna institución vinculada a la soberanía popular capaz de oponer su legitimidad a la supremacía de las finanzas? Esto es lo que estaba en juego en el referéndum organizado el pasado 10 de abril en Islandia. Ese día el gobierno sondeaba la opinión de la población por segunda vez: ¿aceptan ustedes reembolsar los depósitos de particulares británicos y holandeses en el banco privado Icesave? Y, por segunda vez, los habitantes de la isla devastada por la crisis iniciada en 2008 respondieron “no”; lo hizo el 60% de los votantes, contra el 93% en la primera consulta, en marzo de 2010.
El final de la votación adopta un tono particular en un momento en que, bajo la presión de los especuladores, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI), los gobiernos del Viejo Continente imponen políticas de austeridad para las cuales no fueron elegidos. La dominación del mundo occidental por parte de las instituciones financieras, liberadas de cualquier restricción, inquieta incluso a los turiferarios de la desregulación. Luego del referéndum islandés, el editorialista del muy liberal Financial Times se alegró de que “fuera posible colocar a los ciudadanos antes que a los bancos” (13-4-11). Una idea que aún encuentra poco eco entre los dirigentes políticos europeos.
En 2007, justo antes de la crisis, todo iba de la mejor manera posible: el ingreso promedio islandés se ubicaba en el quinto puesto del rango mundial y aventajaba en un 60% al de Estados Unidos. Un año antes, un estudio internacional había identificado a la población de la isla como la más feliz del planeta. Una gran parte de su prosperidad se apoyaba en el acelerado crecimiento de tres bancos islandeses. Hasta 1998 habían sido pequeñas empresas del sector público, pero fueron creciendo rápidamente hasta ubicarse entre los trescientos bancos más importantes del mundo y sus activos pasaron del 100% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2000, a casi el 800% en 2007, un nivel que sólo superaba Suiza.
La crisis económica estalló a fines de septiembre de 2008. Después de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, los mercados monetarios se comprimieron (2). Incapaces de devolver el dinero a sus acreedores, los tres grandes bancos islandeses fueron nacionalizados. Accedieron así a un grupo menos glorioso: el que publicó la agencia de calificación de riesgos Moody’s como el de las once catástrofes financieras más espectaculares de la historia.
(…) La liberalización de la economía islandesa comenzó en 1994. El acceso al Espacio Económico Europeo –la zona de libre comercio de los países de la Unión Europea a la cual se unen Islandia, Liechtenstein y Noruega– impuso la libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas. El gobierno de Oddsson se lanzó a un programa de venta de activos del Estado y de desregulación del mercado de trabajo. La privatización del sector financiero comenzó en 1998 bajo la dirección de Oddsson y Halidór Ásgrímsson, líder del PC. (…) Islandia entró al nuevo milenio empujada por el aliento de las finanzas internacionales, dopadas por los créditos baratos. La administración Oddsson pronto disminuyó la regulación de los préstamos hipotecarios garantizados por el Estado, autorizando préstamos que llegaban al 90% del valor de un bien. Los bancos, recién privatizados, se apresuraron a ofrecer condiciones aun más “generosas”. El impuesto a los ingresos y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) bajaron, de acuerdo con la estrategia que apuntaba a convertir a Islandia en un centro financiero internacional bendecido por la moderación fiscal. Así se inició la dinámica de la burbuja.
La caída de los establecimientos bancarios islandeses se produjo dos semanas después de la caída de Lehman Brothers. El Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó entonces a Reikjavik. Fue la primera vez desde su intervención en Gran Bretaña en 1976, que era llamado para salvar a una economía desarrollada. Ofreció un préstamo condicionado de 2.100 millones de dólares para estabilizar la corona islandesa. El FMI apoyó, por otra parte, las exigencias de los gobiernos británico y holandés: sometida al dispositivo europeo de garantía de los depósitos, Islandia debía indemnizar a Londres y La Haya (que decidieron reflotar por sí mismos a los clientes de Icesave en sus territorios).
La nueva coalición gobernante se vio rápidamente urgida a reembolsar la enorme deuda de Icesave a los británicos y holandeses: era la condición previa para la ayuda del FMI. La ley fue impuesta el 30 de diciembre de 2009, en un clima de desaprobación general, que llevó al presidente Olafur Grimsson a anunciar que no promulgaría una ley tan contraria al sentimiento nacional. En el referéndum de marzo de 2010, el 93% de los votantes se pronunció contra el acuerdo de Icesave, y sólo el 2% a favor. Los dirigentes del Partido Socialdemócrata y del MIV se abstuvieron. Hasta ahora, Islandia ha sufrido una contracción de su actividad menos importante que Irlanda, Estonia y Lituania, donde el rigor se aplicó más intensamente. El desempleo pasó del 2% en 2006 a alrededor del 7% o el 9% desde el inicio de 2009. Pero la tasa de emigración –de los islandeses y de otros trabajadores europeos presentes en el país, sobre todo polacos– alcanzó su nivel más alto desde 1889. Sin embargo, el poder socialdemócrata y verde había prometido austeridad para 2011. Los gobiernos ya no disponen de presupuesto para nuevos proyectos. En los hospitales y escuelas, los salarios bajaron y han comenzado los despidos. El congelamiento de los embargos inmobiliarios expiró a fines de 2010.
Lejos de haber respondido por sus actos, a Oddsson le ofrecieron el puesto de jefe de Redacción del principal diario de Reikjavik, Morgunbladid, desde donde dirige la cobertura de la crisis; un poco como si, como señaló un comentarista, se hubiera nombrado a Richard Nixon a la cabeza de The Washington Post durante el Watergate.
Un laboratorio liberal arrasado por la crisis
Cuando el pueblo islandés vota contra los banqueros
por Robert Wade y Silla Sigurgeirsdóttir Traducción: Lucía Vera
en Le Monde Diplomatique de mayo.
Profesor de Economía Política de London School of Economics y profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Islandia, respectivamente. Este artículo es una versión modificada y actualizada de un estudio publicado en New Left Review, Nº 65, Londres, septiembre-octubre de 2010.