Gobierno de la «Revolución Libertadora». Argentina 1955/1958

El 16 de septiembre de 1955 un nuevo golpe militar derrocó a un gobierno elegido por el pueblo. La segunda presidencia de Juan Domingo Perón, iniciada en 1952, llegó así a su fin. El general golpista Eduardo Lonardi dirigía las operaciones desde Córdoba, mientras el puerto de Mar del Plata era sometido a un intenso bombardeo naval. Si Perón no dimitía, sería el puerto de Buenos Aires el nuevo blanco de los sediciosos. Finalmente, el día 23, el presidente se refugió en la embajada de Paraguay y desde allí abandonó el país a bordo de una cañonera de esa bandera. Lonardi fue designado entonces presidente provisional.

La mayoría de las Fuerzas Armadas apoyaron el movimiento golpista, al igual que miembros de la burguesía agraria e industrial, gran parte de los sectores medios, los partidos políticos opositores y la Iglesia Católica. Todos coincidían en calificar a la gestión peronista como una “dictadura totalitaria”, motivo por el cual supieron identificarse bajo el nombre de “revolución libertadora”. Paradójicamente, quienes quebraban y violaban el sistema democrático, se presentaron ante la sociedad como los verdaderos representantes y defensores de la democracia y la libertad. Para ellos, las causas de la crisis económica del país eran los profundos desequilibrios que había provocado la intervención del peronismo en los procesos de acumulación y distribución de la riqueza. ¿Cómo fue su gobierno?

EL OBJETIVO:  La “desperonización” de la sociedad

Claramente, el frente golpista coincidía en, al menos, dos objetivos: la necesidad de desperonizar a la sociedad argentina y la de reorganizarla políticamente bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Pronto la aparente unidad comenzó a resquebrajarse.

El general Lonardi se manifestaba dispuesto a establecer acuerdos con sectores del gobierno recientemente depuesto. El general, que había afirmado que en la Argentina posperonista “no hay vencedores ni vencidos”, creía que la desperonización debía consistir en un proceso de reeducación de las masas peronistas. Dicho razonamiento anclaba en la idea que los sectores más humildes y menos instruidos habían sido “engañados” por la demagogia de Perón. Con el líder exiliado y proscripto y sin la posibilidad que el Estado los siguiera favoreciendo, irían dejando atrás su identidad peronista. Pero sus intenciones contrastaban con aquellos sectores sociales más poderosos que había apoyado el golpe y no contaban con el acuerdo de los otros jefes militares.

El designado vicepresidente, almirante Isaac Rojas, encabezaba el más nutrido grupo golpista y no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de acercamiento ni acuerdo con los sectores peronistas. Esta facción prefería una solución más drástica, que eliminara al peronismo de la vida política argentina.

El enfrentamiento entre ambos sectores fue inevitable, culminando el 13 de  noviembre de 1955, cuando el general Lonardi, carente de apoyo, fue obligado a renunciar, siendo reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, nuevo presidente de la república. Se inició entonces una etapa en la que se acentuó el autoritarismo del gobierno, que apeló a la represión y a las prohibiciones para erradicar al peronismo de todos los planos de la vida social.

LA HERENCIA PERONISTA

El episodio puso de manifiesto la complejidad de la herencia del peronismo. Las características de su movimiento, las fuerzas sociales que lo apoyaban, dificultaron el encauzamiento hacia un nuevo rumbo cuando hacia 1952 los indicadores económicos señalaban una situación de crisis. Tras la caída de Perón, esas mismas fuerzas se constituyeron en un obstáculo insalvable para los intentos de los sucesores que se proponían reordenar sustancialmente la sociedad y la economía.

Políticamente, las consignas de la “Revolución Libertadora” coincidían con las tendencias políticas de Occidente, donde en el marco de la Guerra Fría, la democracia liberal dividía claramente las aguas con el Este comunista.

Económicamente, en el mundo iban desapareciendo las áreas cerradas, al tiempo que los capitales empezaban a fluir libremente por el mundo, instalándose en mercados antes vedados. Argentina, que durante la etapa peronista había apostado al mercado interno en el contexto de la posguerra, al asociarse ahora al FMI, aceptaba la aplicación de políticas económicas ortodoxas. ¿En qué consistían esas políticas? En el abandono de la emisión fiscal y de las subvenciones a sectores “artificiales”, abriendo los mercados y reactivando las actividades de exportación tradicional (agroexportadora).

¿Podría esta “modernización” aplicarse sin problemas en la Argentina posperonista? Los empresarios coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus logrado por los trabajadores durante el peronismo. ¿Cómo? Disminuyendo su participación en el ingreso nacional, elevando la productividad, racionalizando las tareas, reduciendo la mano de obra, restringiendo el poder sindical y el de los trabajadores. En síntesis, el obrero debía ganar menos, trabajar más y protestar lo menos posible. Claramente la tan mentada desperonización no iba a resultar nada sencilla de aplicar.

PRESIDENCIA DE ARAMBURU

Medidas políticas

Ahora, el sector más marcadamente “antiperonista” estaba en el poder, y sus medidas de gobierno así lo manifestaron.

Estas medidas quitaban del medio al “enemigo” pero al mismo tiempo planteaban un nuevo problema: el de la futura sucesión del gobierno militar en el marco de la exclusión del partido político que contaba con la adhesión de sectores mayoritarios de la sociedad argentina. No era éste un problema menor y los futuros acontecimientos se encargarían de demostrarlo.

Medidas económicas

Aramburu entendía que el gobierno militar debía administrar los destinos de la Nación hasta tanto éste estuviera en condiciones de darse un gobierno libremente elegido. Por esta misma razón, no creía conveniente tomar decisiones que en el futuro condicionaran el accionar de la próxima gestión. Interrogantes como la conveniencia o no de liberalizar la economía o –por el contrario- fortalecer la intervención estatal, quedaron por resolverse. Sin embargo, la falta de definiciones económicas no hizo más que profundizar los problemas económicos ya existentes.

La grave situación exigía respuestas inmediatas. Con la intención de diseñar un plan económico, el gobierno provisional le solicitó un informe diagnóstico de la economía a Raúl Prebish, economista de la CEPAL, otrora presidente del Banco Central durante la presidencia de Castillo. Las medidas no se hicieron esperar.

REPRESIÓN y RESISTENCIA

Los trabajadores organizaron y protagonizaron acciones de resistencia ante el avasallamiento de sus derechos. Se realizaban actos espontáneos en la calle, en los que se cantaba la prohibida -por decreto- Marcha Peronista, se arrojaban volantes favorables a Perón, para luego desparecer antes de la segura detención. Otros sectores formaron parte de los llamados comandos de la resistencia peronista, pequeños grupos que surgieron en todo el país dentro de organizaciones de base ya existentes. Los más audaces organizaban sabotajes, haciendo estallar, en diversos lugares, explosivos de fabricación casera.

En un principio estos grupos no estaban conectados entre sí. El intento de darles una relación orgánica se originó a partir del contacto establecido entre John William Cooke, que había sido diputado peronista en 1946, y Perón, quien desde el exilio lo nombró su delegado. Entre 1957 y 1959 las acciones de resistencia fueron creciendo organizativamente.

Los fusilamientos de junio de 1956

El 9 de junio de 1956 estalló una rebelión armada peronista en la que participaron civiles y militares. El epicentro estuvo ubicado en el 7° Regimiento de Infantería de La Plata y en Campo de Mayo. El gobierno estaba al tanto del movimiento, motivo por el que en pocas horas lograron sofocarlo. La Ley Marcial fue aplicada y se condenó a la pena capital a los líderes de la rebelión. Treinta y ocho personas, civiles y militares fueron fusilados; el jefe del movimiento, el general Juan José Valle, en la Penitenciaría de la calle Las Heras, y un grupo de civiles en un basural de José León Suarez. Se trató de un hecho de inusitada violencia, que dio la medida de la tajante división que desde el gobierno se planteaba entre peronistas y antiperonistas.

Aramburu y Rojas asumieron públicamente la responsabilidad de esta decisión, justificándola como indispensable para evitar acciones similares. A partir de entonces, los peronistas llamaron revolución fusiladora al gobierno de facto encabezado por Aramburu.

El Historiador Luis Alberto Romero sostiene que la exclusión del peronismo de la política nacional, fue para los vencedores de 1955 el requisito para poder operar las transformaciones económicas y sociales que ellos creían necesarias.

“La proscripción del peronismo, y con él la de los trabajadores, definió una escena política ficticia, ilegítima y constitucionalmente inestable, que abrió el camino a la puja –no resuelta- entre las grandes fuerzas corporativas”

EL FÍN DE LA “REVOLUCIÓN LIBERTADORA”

Tras dos años de gestión, el gobierno de facto enfrentaba una dura crisis económica y una fuerte presión social. En ese marco, se tomó la decisión de llamar a elecciones generales. El paso previo fue la convocatoria a una Convención Constituyente, la que legalizaría la derogación de la Constitución de 1949, restableciendo la de 1853, que ya el gobierno había decretado.

Por otra parte, las elecciones permitirían conocer el caudal de votos de todas las fuerzas políticas y medir, de alguna manera, el impacto de la proscripción del peronismo. Los resultados de las elecciones para constituyentes señalaron una clara crisis de legitimidad institucional. De acuerdo con las directivas de Perón, las bases peronistas no votaron por ningún candidato, resultando los votos en blanco mayoría. En segundo y tercer lugar se ubicaron los candidatos radicales intransigentes y radicales del pueblo, respectivamente. A pesar de esta clara demostración de fuerza electoral peronista, las elecciones presidenciales no podían postergarse más.