MILITANCIA POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ARGENTINA DE LAS DÉCADAS DEL ´60 y ´70.

Hacia finales de la década de 1960, en un contexto internacional convulsionado por los avances de distintos procesos revolucionarios  y al calor del descontento popular frente a la  dictadura instaurada por el Gral. Juan C. Onganía en 1969 tomó cuerpo en la Argentina un proceso de movilización de masas sin precedentes, cuyos protagonistas indiscutidos fueron el movimiento obrero y la juventud,el cordobazo.

Este proceso contestatario expresaba, en lo inmediato, la lucha contra la dictadura y la puja por una distribución más equitativa del ingreso, es decir, más favorable a los sectores populares y las capas medias de la población. En términos generales, evidenciaba una voluntad colectiva de alterar un orden económico-social -el capitalismo dependiente-, señalado como  fuente de desigualdades económicas e injusticias sociales, signado por la explotación del hombre y la dependencia del país.

El surgimiento y/o consolidación de una importante cantidad de grupos gremiales, políticos y sociales que encauzaron la militancia de un número cada vez mayor de jóvenes de distintas clases sociales fue expresión de este clima político. Algunos de ellos optaron por una militancia exclusivamente gremial: se incorporaron a las actividades de los gremios o centros de estudiantes sin ingresar a ninguna organización política. Otros tuvieron una militancia que podríamos llamar «social»: desplegaron diversas actividades de solidaridad y ayuda en villas y barrios pobres. Este tipo de militancia estuvo encauzada, en importante medida, por grupos cristianos inspirados en la «teología de la liberación».

Se fue conformando así, dispersa en diversas agrupaciones y espacios, de signos político-ideológicos también diversos, una suerte de «cultura de la militancia». Ésta se caracterizó por ciertos tópicos o figuras claves.

Uno de ellos fue la idea del compromiso. Se trataba, en un sentido amplio, de «comprometerse con la realidad». Esto significaba básicamente «hacer algo» -para combatir, en definitiva, la injusticia del mundo- y su traducción más inmediata era tener algún tipo de participación o actividad social, gremial o política.

Ya dentro de los códigos más específicos de los grupos de militantes se hablaba de: «el compromiso con los pobres», «el compromiso con los compañeros», «el compromiso con la causa (la revolución)», etcétera. Analizaremos aquí, tres variables importantes a tener en cuenta en el período: la relación con el peronismo, la elección del orden social a construir y la elección de la lucha armada como alternativa posible para el logro de los objetivos…..

Para quienes adherían a una ideología marxista, el peronismo representaba un problema. En tanto resultaba claro a sus ojos que ese movimiento (que incluía personalidades y posturas tanto de izquierda como de derecha) no proponía un cambio revolucionario orientado hacia el socialismo, al mismo tiempo, era a todas luces evidente que la clase obrera (principal protagonista y destinataria del cambio social) era peronista y no había demasiados signos que permitieran pensar que revocaría esa identidad. Es por esta última razón que muchos jóvenes provenientes de familias no peronistas -y hasta tradicionalmente «gorilas»- se incorporaron a las filas del peronismo. A su vez, dentro mismo del peronismo de izquierda, la figura del Gral. Juan D. Perón representaba un problema: se lo consideraba el líder indiscutido del movimiento, pero, al mismo tiempo, se sospechaba de su filiación ideológica (marcada por demasiados gestos de simpatía con la derecha) y, por tanto, de su voluntad política de asumir la dirección de un cambio revolucionario. Las tensiones entre el peronismo de izquierda y Perón adquirirían su punto más ríspido durante su tercera presidencia (1973-1974).

El orden económico y social a construir

 El conjunto de la militancia política adscribía a la voluntad de un cambio social orientado hacia la construcción de un orden «más justo». Una sociedad más igualitaria, que garantizara para todos el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a un «salario digno», parecía ser un objetivo acordado. Ahora bien: ¿cuál era el modelo económico-social capaz de asegurar lo anterior y, a la vez, viable?

En principio, resultaba claro que una condición necesaria era la liberación nacional; esto es, que la Argentina pusiera fin a su dependencia económica del capital extranjero. La consigna Liberación o dependencia y aquellos puntos programáticos referidos ala Nacionalización de la banca y el comercio exterior, por ejemplo, se orientaban en esa dirección.

Resultaba más discutible, en cambio, cuál era el sistema económico apropiado. Fuera del peronismo, las agrupaciones marxistas adherían a la idea del socialismo. No era, sin embargo, el modelo socialista soviético el que se buscaba imitar, por el contrario, las particularidades de los «nuevos socialismos» ensayados en Europa del Este, en Cuba, China o Vietnam constituían las experiencias más atractivas.

Otros consideraron que la opción más adecuada era el capitalismo nacional: un capitalismo independiente del capital extranjero, dirigido por un Estado propietario de los principales medios de producción y comercialización. Éstos últimos entendían que existía en el país una burguesía nacional cuyos intereses económicos y políticos eran compatibles con los de los trabajadores y «el pueblo». Esta visión se diferenciaba de aquella sostenida por quienes impulsaban la construcción de un orden socialista. Estos actores veían en la burguesía nacional tan sólo un aliado en la «lucha antiimperialista», y consideraban que sus intereses económicos entrarían en conflicto con los intereses de la clase obrera a la hora de construir un nuevo orden.

Otro debate que atravesó este período de movilización giró en torno a cuál era el camino para acceder a la toma del poder político e impulsar el cambio social. Más precisamente, la cuestión era si se debía recurrir a la acción armada (esto es, a la actividad guerrillera) o si, siguiendo el ejemplo de la Unidad Popular en Chile, era posible lograrlo por «vía pacífica» (es decir, por vía electoral).

Algunas de las organizaciones de izquierda, tanto peronistas como no peronistas, incluyeron la actividad armada como parte de su accionar político, de ahí que reciban el nombre de organizaciones político-militares. Esta opción estuvo claramente determinada por el contexto internacional (en especial el escenario latinoamericano, convulsionado por distintos procesos y movimientos revolucionarios) y nacional en el que surgieron. Otras organizaciones aceptaban la lucha armada tan sólo como estrategia potencial: reconocían la necesidad de recurrir a ella, pero consideraban que aún «no estaban dadas las condiciones».

Un debate de quizás menor envergadura se planteó acerca de las modalidades específicas que debía asumir la lucha armada: si debía concentrarse en las ciudades o en las áreas rurales, si implicaba la formación de milicias populares o ejércitos regulares, en qué momentos de la movilización de masas debía intensificarse, etcétera. Nuevamente, las experiencias revolucionarias de otras latitudes ofrecían variados y múltiples modelos.

Con el acceso del peronismo al poder en 1973, el debate en torno a la lucha armada adquiriría una nueva importancia y un dramatismo mayor.

Las organizaciones político-militares de mayor relevancia por su capacidad de movilización y/o por su incidencia en el desarrollo de los acontecimientos fueron: Montoneros, peronista, y PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo), de tradición marxista.

Ser miembro de Montoneros o del PRT-ERP no implicaba, ni necesaria ni exclusivamente, ingresar a la actividad guerrillera. Ambas organizaciones desarrollaron una intensa actividad política y por ende la militancia en ellas, como en otras organizaciones, ofrecía y requería actividades distintas que variaban a lo largo del tiempo y que podían desplegarse en espacios o «ámbitos» diversos: colegios, universidades, fábricas, sindicatos, villas, etcétera. Algunos militantes podían tener asignadas, por ejemplo, tareas de prensa y difusión, otros, tareas más bien gremiales (tanto en centros de estudiantes como en sindicatos). Lo importante a destacar en todo caso es que estas organizaciones eran actores clave de la movilización política y social y eso implicaba un conjunto muy amplio y variado de actividades, que iban desde la propaganda hasta la acción armada. Al igual que en otras experiencias revolucionarias de otras partes del mundo, las acciones armadas en Argentina podían incluir actos muy dispares. Las más comunes fueron: la toma de fábricas, el reparto en villas y barrios pobres de alimentos «expropiados», la autodefensa en caso de represión policial o enfrentamientos en manifestaciones, el desarme de policías y el secuestro extorsivo de empresarios -que, junto con la «expropiación» de autos o el asalto a bancos, permitía recaudar dinero «para la causa»-. En menor medida, estas organizaciones dieron muerte a los considerados «enemigos políticos» y realizaron asaltos a cuarteles y guarniciones militares (asaltos que, entre 1973 y 1976, sumaron un total de siete).

FUENTE: DE MEMORIA. Testimonios, textos y otras fuentes sobre el Terrorismo de Estado en Argentina. Vol. 1: La Primavera de los Pueblos. La movilización política y social de los tempranos setenta. Asociación Civil Memoria Abierta. Bs. As, Secretaría de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asociación Civil Memoria Abierta, 2005