El punto de partida de la historia del petróleo en Argentina fue el descubrimiento de los yacimientos petrolíferos de Comodoro Rivadavia, un 13 de diciembre de 1907.
El Estado argentino se hizo cargo de su explotación desde un primer momento hasta 1917, cuando el Congreso dictó una ley que reglamentaba su exploración y explotación incorporando empresas privadas, con el objeto de fomentar su producción. Durante la primer presidencia de don Hipólito Yrigoyen, se facilitó la instalación de compañías privadas alentando su exploración y cateo.
Cuando Marcelo T. de Alvear asumió la primer magistratura, nombró al entonces coronel Enrique Mosconi director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), organismo creado por Yrigoyen en 1922. Mosconi logró darle un fuerte impulso en la búsqueda del autoabastecimiento.
La nacionalización de los recursos petrolíferos y el monopolio estatal eran dos cuestiones trascendentales que se discutían en el ámbito parlamentario. El segundo de estos temas fue el más resistido. Con la oposición de todo el espectro político (a excepción del socialismo independiente y algunos conservadores), el proyecto fue aprobado por una ajustada votación ganada por los radicales yrigoyenistas. Girado al Senado, la discusión fue dilatada y no había sido resuelta hasta el nefasto 6 de septiembre de 1930, día del primer golpe de Estado en la Argentina moderna.
Mientras tanto las empresas privadas aumentaban sistemáticamente su producción, hasta tal punto que igualaron la de YPF hacia 1929. Sus capitales eran ingleses (Compañía ferrocarrilera del petróleo), estadounidenses (Standard Oil), alemanes y argentinos (Astra) y holandeses (Royal Dutch). Algunos autores atribuyen a la presión ejercida por las empresas petroleras, la realización del golpe. En un telegrama enviado al Departamento de Estado, el embajador norteamericano Bliss revelaba: «He sido informado que miembros del partido radical están difundiendo la idea de que la revolución se financió con dinero americano y que luego de mi llegada, los planes de la oposición maduraron. Me esforzaré por saber si esto es cierto y si lo fuera, cuan difundido está». Nacía así la sospecha, convertida en leyenda, del golpe petrolero. Más de una compañía se sentía segura porque contaban con personas muy allegadas dentro del gabinete de Uriburu[1]
Cierto resulta decir, que en el golpe confluían muchos factores e intereses, incluidos los petroleros, pero no se había hecho exclusivamente para impedir la nacionalización propuesta por la UCR. El «peligro» del monopolio estatal no era ni tan inminente ni tan seguro hacia el final de la gestión yrigoyenista. ¿Les fue mucho mejor a los capitales extranjeros después del 30? Si bien la dictadura había alejado la amenaza del monopolio y garantizaba el funcionamiento del sector privado, no había querido o podido desmantelar YPF. Uriburu le dió a la empresa la tan anhelada personería jurídica y no abolió las reservas fiscales decretadas por Alvear en 1924. Podemos decir que su gestión zigzagueó entre los intereses del Estado y los de las compañias. Importantes sectores nacionalistas imperaban en el Ejército y serían un factor clave para el desempeño de YPF.
[1] Horacio Beccar Varela, ministro de Agricultura, a cargo de la política petrolera estaba ligado indirectamente a empresas inglesas y habia integrado el directorio de la Galena Signal Oil. El ministro del Interior Matías Sanchez Sorondo había sido abogado de la Standard Oil. El titular de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch, integraba el directorio de la Anglo Persian. Otros integrantes del gabinete como Emilio Kinkelin y Octavio Pico también estaban relacionados con estas empresas.
Bibliografia consultada: CANTÓN, Darío y MORENO José Luis, La cuestión petrolera, en La experiencia radical, en Historia Argentina 6, 2da ed. 1a reimp, Bs. As, 2012.
Colegio Nacional de Buenos Aires, Grandes Debates Nacionales, Petróleo argentino: del descubrimiento a la nacionalización, fasciculo 3, Pagina 12, Bs. As., 2001.
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